Due diligence legal y fiscal, 9 riesgos ocultos que destapa

Due diligence legal y fiscal, 9 riesgos ocultos que destapa

La due diligence legal y fiscal es lo que separa comprar una empresa de comprar sus problemas. El comprador que firma sin revisar no adquiere solo clientes, contratos y maquinaria: adquiere también actas de inspección en curso, horas extra no cotizadas, avales prestados a terceros y licencias caducadas que no aparecen en ninguna línea del balance.

Este artículo está escrito para quien está al otro lado de la mesa: el comprador, su dirección financiera y el consejo que tiene que aprobar la operación. Verás qué áreas se revisan, qué pasivos ocultos afloran con más frecuencia, qué hallazgos aconsejan parar y cómo se traduce cada riesgo en una cláusula del contrato de compraventa.

La due diligence legal y fiscal es crucial porque quien compra puede acabar respondiendo de deudas anteriores a la operación. En el plano laboral y de Seguridad Social, comprador y vendedor pueden quedar obligados conjuntamente por lo que quedó sin pagar antes del traspaso durante un tiempo posterior a la operación. Y en el plano fiscal, quien adquiere una actividad económica puede verse reclamado por deudas tributarias generadas por el vendedor. El alcance concreto y los plazos dependen de cómo se estructure la compra y de cada caso, por lo que conviene revisarlos antes de firmar.

Alcance real de una due diligence legal y fiscal

Una auditoría legal y fiscal no es una lectura de las cuentas anuales. Es una verificación documental: se contrasta lo que el vendedor afirma con escrituras, contratos firmados, nóminas, declaraciones presentadas y certificados de organismos públicos. Lo que no esté acreditado por un documento se trata como riesgo, no como dato.

El alcance habitual en una operación de tamaño medio en España cubre estos bloques:

  • Societario: titularidad real de las participaciones, cargas sobre ellas, pactos de socios, validez de los acuerdos sociales y poderes vigentes.
  • Fiscal: ejercicios no prescritos de Impuesto sobre Sociedades, IVA y retenciones, operaciones vinculadas y su documentación, y procedimientos abiertos con la Agencia Tributaria.
  • Laboral: plantilla, convenio aplicable, contratación temporal, autónomos económicamente dependientes, deudas con la Tesorería General de la Seguridad Social y plan de igualdad cuando la plantilla alcanza el tamaño que obliga a tenerlo, algo que conviene comprobar en cada empresa.
  • Contractual: contratos esenciales con clientes, proveedores, distribuidores y entidades financieras, con atención a las cláusulas change of control.
  • Compliance y regulatorio: licencias de actividad, autorizaciones ambientales, protección de datos y modelo de prevención de delitos de la compañía.
  • Activos y litigios: propiedad de inmuebles, marcas, dominios y software, y pleitos pendientes con su provisión contable.

El resultado es un informe de due diligence que ordena los hallazgos por impacto económico y probabilidad, no un listado neutro de documentos recibidos.

Revisión de pasivos ocultos en la compra de una empresa

El pasivo oculto típico no es un fraude: es una contingencia que el vendedor conoce a medias y que la contabilidad no refleja porque todavía no se ha materializado. La función de la auditoría previa a la compra de una sociedad es cuantificarla antes de que el precio esté cerrado, cuando aún hay margen de negociación.

Contingencias fiscales y el certificado de deudas de la Agencia Tributaria

Hacienda solo puede revisar y liquidar hacia atrás durante un número limitado de años, lo que en la práctica se llama periodo no prescrito; ese plazo puede interrumpirse o alargarse según lo ocurrido en cada ejercicio, así que conviene concretarlo caso por caso con la Ley General Tributaria en la mano. Toda la revisión fiscal se concentra en ese periodo: deducciones aplicadas sin soporte, bases imponibles negativas compensadas sin acreditar su origen, operaciones vinculadas sin documentación o retribuciones de administradores sin cobertura estatutaria.

Cuando la operación se estructura como compra de activos o de rama de actividad, el comprador tiene una herramienta concreta: pedir a la Agencia Tributaria, con la conformidad del titular actual, una certificación detallada de las deudas y responsabilidades pendientes. La Administración dispone de un plazo para expedirla. Si la emite, la responsabilidad de quien compra tiende a quedar acotada a lo que figure en ese documento; si no contesta en plazo o certifica que no hay deudas, la posición del solicitante mejora notablemente. El detalle de cómo se pide y qué efectos tiene en cada operación conviene revisarlo antes. Pedirla es gratuito y rara vez se hace.

Pasivos laborales y sucesión de empresa

Cuando una empresa o una unidad productiva cambia de titular se produce lo que se conoce como sucesión de empresa: quien vende y quien compra pueden responder conjuntamente de las obligaciones laborales nacidas antes de la transmisión y no satisfechas, durante un periodo posterior a la operación que depende del caso. Es una de las reglas básicas del Estatuto de los Trabajadores. El comprador no puede pactar con el vendedor una exoneración que le sirva frente al trabajador: ese pacto suele tener efectos solo entre las partes.

A eso se suma la Seguridad Social. La normativa que regula la materia, la Ley General de la Seguridad Social, también permite reclamar a quien adquiere, junto al anterior titular, por prestaciones causadas antes de la sucesión. La revisión laboral debe cuantificar, como mínimo, falsos autónomos, encadenamiento de contratos temporales, categorías mal encuadradas en convenio, horas extraordinarias no registradas y la antigüedad real de cada persona, porque es la variable que dispara el coste de cualquier despido posterior.

Nueve red flags que frenan una compraventa de empresas

No todos los hallazgos tienen el mismo peso. Una red flag due diligence es la que, por sí sola, puede cambiar el precio, obligar a reestructurar la operación o justificar abandonarla. Estas son las nueve que con más frecuencia aparecen en empresas españolas no cotizadas:

  1. Actas de inspección abiertas o ejercicios no prescritos con riesgo fiscal cuantificable.
  2. Autónomos que trabajan en condiciones de ajenidad y dependencia, con riesgo de regularización de cuotas y recargos.
  3. Aplazamientos de cuotas con la Tesorería General de la Seguridad Social o descubiertos no reflejados en el pasivo.
  4. Cláusulas change of control en contratos de clientes, financiación o arrendamiento que permiten resolver al cambiar el socio de control.
  5. Avales, fianzas o garantías prestadas por la sociedad a favor de los socios o de empresas del grupo.
  6. Litigios pendientes sin provisión contable o con provisión manifiestamente insuficiente.
  7. Licencias de actividad, autorizaciones ambientales o inscripciones registrales caducadas o no adaptadas tras una reforma de las instalaciones.
  8. Marcas, dominios, software o patentes a nombre de un socio persona física y no de la sociedad que se compra.
  9. Ausencia de un modelo de prevención de delitos en la empresa y de medidas acreditables en protección de datos.
Volatt

¿Y si compras la empresa con sus deudas dentro?

Te explicamos qué pasivos fiscales y laborales pueden llegar a reclamarte tras la compra y cómo acotarlos antes de firmar. Cuéntanos tu operación.

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Cláusulas de change of control en contratos esenciales

Una cláusula de cambio de control permite a la contraparte resolver el contrato, exigir el vencimiento anticipado de un préstamo o renegociar condiciones cuando la propiedad de la sociedad cambia de manos. En compañías cuya facturación depende de dos o tres clientes, encontrar esa cláusula en el contrato principal equivale a descubrir que se está comprando algo que puede desaparecer la semana siguiente al cierre.

El tratamiento es siempre el mismo: identificar todos los contratos afectados, calcular qué porcentaje de ingresos o de financiación representan y convertir la obtención del consentimiento previo de esas contrapartes en condición suspensiva del contrato de compraventa. Si el consentimiento no llega antes del cierre, el comprador no firma o ajusta el precio por el valor en riesgo.

Del informe de due diligence al contrato de compraventa

Un informe que acaba en un cajón no protege a nadie. Cada hallazgo relevante debe tener su traducción en el contrato de compraventa, y ahí entra la carta de divulgación.

Disclosure letter (carta de divulgación): documento que el vendedor entrega junto al contrato y en el que revela las excepciones concretas a sus manifestaciones y garantías. Lo revelado y aceptado deja de ser indemnizable; lo omitido activa la responsabilidad del vendedor.

La correspondencia entre riesgo detectado y mecanismo contractual suele articularse así:

Correspondencia entre hallazgo y cláusula

Hallazgo en la due diligenceMecanismo en el contratoEfecto para el comprador
Contingencia fiscal cuantificadaIndemnidad específica y retención de precio en escrowCobro directo si la Agencia Tributaria liquida
Riesgo laboral difusoManifestaciones y garantías con límite y plazoReclamación sujeta a umbral mínimo y tope
Contrato con change of controlCondición suspensiva de consentimiento previoNo hay cierre sin autorización de la contraparte
Activo clave fuera del perímetroObligación de transmisión previa al cierreLa marca o el software entran en la sociedad
Litigio pendienteGestión del pleito a cargo del vendedorEl coste y la defensa quedan del lado vendedor

El escrow habitual retiene una parte del precio en una cuenta bloqueada durante un periodo que suele alinearse con el tiempo en que Hacienda todavía puede revisar los ejercicios o con el de la responsabilidad laboral compartida; cuánto sea en cada operación depende del caso y conviene fijarlo con asesoramiento. Sin ese anclaje temporal, la garantía se libera antes de que el riesgo pueda materializarse.

Plazos, alcance y coste de la auditoría legal y fiscal

El alcance se decide en función del tamaño de la operación y del tiempo disponible entre la carta de intenciones y el cierre. Estas son las tres modalidades que se manejan en el mercado español:

ModalidadQué cubrePlazo orientativoCuándo conviene
Red flag due diligenceSolo riesgos críticos: fiscal no prescrito, laboral, litigios y contratos clave1 a 2 semanasOperaciones pequeñas o fase previa a la oferta vinculante
Due diligence completaSocietario, fiscal, laboral, contractual, regulatorio, activos y compliance3 a 6 semanasCompra del 100 % del capital con financiación bancaria
Vendor due diligenceInforme encargado por el vendedor y entregado a los candidatos4 a 8 semanasProcesos competitivos con varios compradores

Los honorarios se fijan normalmente por alcance cerrado o por horas, y dependen del número de sociedades, de ejercicios a revisar y del volumen de plantilla. La comparación relevante no es con el presupuesto, sino con la contingencia: una regularización de cuotas por falsos autónomos en una plantilla de veinte personas supera con holgura el coste de cualquier revisión previa. Si estás evaluando una adquisición, el asesoramiento legal y fiscal en operaciones de M&A debe incorporarse antes de firmar la carta de intenciones, no después, porque es ahí donde se negocian exclusividad, acceso a la información y reparto de costes.

Preguntas frecuentes sobre due diligence legal y fiscal

¿Cuánto dura una due diligence legal y fiscal?

Entre una y seis semanas según el alcance. Una revisión de red flags sobre riesgos críticos se cierra en una o dos semanas; una due diligence completa de una sociedad con plantilla, inmuebles y financiación bancaria necesita de tres a seis. El cuello de botella casi nunca es el asesor: es la velocidad con la que el vendedor alimenta el data room.

¿Quién paga la due diligence, el comprador o el vendedor?

La paga quien la encarga. En la práctica habitual, el comprador asume la due diligence de compra porque el informe se elabora para proteger su decisión. En procesos competitivos, el vendedor financia una vendor due diligence para acelerar el proceso y evitar que cada candidato repita la misma revisión.

¿Comprar activos en lugar de participaciones elimina el riesgo de pasivos ocultos?

Lo reduce, pero no lo elimina. La compra de activos deja fuera buena parte del historial societario, aunque sigue arrastrando la sucesión de empresa en el plano laboral y la responsabilidad tributaria por haber adquirido la actividad. El certificado de deudas y responsabilidades que puede pedirse a la Agencia Tributaria es la vía para acotar esta última, y conviene valorar en cada operación si procede solicitarlo.

¿Qué se hace si la auditoría previa detecta una contingencia fiscal grave?

Hay tres salidas antes de abandonar la operación: ajustar el precio por el importe estimado de la contingencia, retener esa cantidad en una cuenta de escrow durante el tiempo en que el riesgo pueda aflorar, o exigir una indemnidad específica del vendedor que no compute dentro de los límites generales de las garantías.

Si tienes una operación en marcha y necesitas revisar el perímetro de riesgo antes de firmar, puedes plantear el caso a través del formulario de contacto indicando tamaño de la sociedad objetivo y fecha prevista de cierre.